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Los cambios en la jubilación de Juan Carlos I tras su abdicación

Introducción

El pasado 2 de junio de 2014, el entonces Rey de España Juan Carlos I anunció su abdicación al trono y su sucesor fue su hijo, Felipe VI. A partir de ese momento, muchas cosas cambiaron para el monarca, entre ellas su régimen de jubilación. En este artículo, vamos a analizar qué cambios hubo en la jubilación de Juan Carlos I tras su abdicación.

La jubilación del Rey constitucional

En España, la figura del Rey está regulada por la Constitución de 1978. Según el artículo 56.3 de la Carta Magna, el Rey es el Jefe del Estado y su figura es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Además, el artículo 65 establece que el Rey tiene derecho a una asignación anual que será fijada por las Cortes Generales. En el caso de Juan Carlos I, su jubilación estaba regulada por el Estatuto Real de 1987, que establecía que el Rey tenía derecho a una asignación anual equivalente al presupuesto de la Casa de S.M. el Rey. Además, el Estatuto Real contemplaba que el Rey no podía hacer uso del derecho a la jubilación excepto en los casos en los que hubiera una renuncia voluntaria o de fallecimiento.

El cambio en la jubilación de Juan Carlos I tras su abdicación

Con la abdicación de Juan Carlos I, su régimen de jubilación también cambió. La Ley de Abdicación de 2014, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 11 de junio, establecía que el Rey emérito tendría derecho a una asignación que sería fijada en los Presupuestos Generales del Estado. Además, la Ley contemplaba que el Rey emérito mantendría su título y tratamiento de Rey, al igual que su consorte, la Reina Sofía. Según fuentes oficiales, la asignación anual del Rey emérito fue fijada en 2018 en 194.232 euros, una cantidad inferior a la que percibía como Rey constitucional. Además, la Ley de Abdicación establecía que la asignación del Rey emérito podía ser objeto de revisión por parte de las Cortes Generales.

La controversia en torno a la asignación de Juan Carlos I

Sin embargo, la asignación de Juan Carlos I ha estado en el centro de la polémica en los últimos años. En agosto de 2020, el Rey emérito anunció que abandonaba España tras las informaciones sobre sus supuestos negocios opacos y su presunta vinculación con el caso de corrupción conocido como 'Operación Tándem'. A raíz de esta noticia, surgieron las primeras voces que cuestionaban la asignación que recibía el exmonarca. En septiembre de ese mismo año, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una Ley que establecía la creación de una Comisión de Expertos encargada de revisar las asignaciones públicas de la Casa Real, incluyendo la del Rey emérito. La Comisión presentó su informe en marzo de 2021, en el que recomendaba la revisión de la asignación de Juan Carlos I y la eliminación de la asignación a su esposa, la Reina Sofía, así como la eliminación de la asignación al Rey Felipe VI para gastos personales.

Reacciones a la revisión de la asignación de Juan Carlos I

La recomendación de la Comisión de Expertos ha generado diferentes reacciones. Por un lado, ha sido bien recibida por aquellos que defienden una mayor transparencia y control sobre las asignaciones públicas. Por otro lado, ha generado críticas por parte de quienes consideran que la revisión de la asignación de Juan Carlos I es una medida injusta y desproporcionada. El propio Rey Felipe VI se ha pronunciado en relación con este asunto. En septiembre de 2020, tras conocerse la noticia de la salida de su padre del país, anunció que renunciaba a cualquier herencia o donación de su padre y que retiraba a Juan Carlos I su asignación económica. Además, afirmó que su intención era "reforzar la ejemplaridad y la transparencia de la Corona".

Conclusiones

En definitiva, la abdicación de Juan Carlos I supuso un cambio en su régimen de jubilación, que pasó a estar regulado por Ley y a ser objeto de revisión por parte de las Cortes Generales. La revisión de la asignación del Rey emérito ha generado debate y controversia en los últimos años, y ha llevado al actual Rey de España a tomar medidas para reforzar la transparencia y la ejemplaridad de la institución monárquica.